jueves, 5 de junio de 2008

Servicios de Inteligencia ¿o de Estupidez?: Vuelven los que nunca se fueron

A raíz de la reciente –y deplorable- detención de la documentalista Elena
Varela y la incautación ilegal (o por lo menos inaceptable desde el punto de
vista ético y profesional) de su material de trabajo; y de su posterior
denuncia de seguimientos por parte de la ANI (larepublicablog.bligoo.com)
les remito reportaje sobre el tema que salio publicado originalmente en
Punto Final (655 de Enero2008).

Cristian Opaso, periodista

Los primeros días de diciembre del 2007, el diario La Tercera anunciaba, con
toda naturalidad, que la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, tenía bajo
su mira a los grupos ambientalistas, y que para estos efectos habría
contratado hace pocos meses a un hasta entonces alto funcionario de la
CONAMA, cuyo nombre no quiso publicar.

No hubo mucho escándalo. En realidad pocos reaccionaron ante algo que olía,
y sigue oliendo, mal. Es que a nosotros los chilenos, por lo menos en
teoría, no debieran contarnos cuentos con esto de las agencias de
inteligencia, luego de conocer su accionar criminal entre los años 1973 y
1990.

¿A que se irá a dedicar este personaje secreto, en misión secreta,
utilizando fuentes e informantes secretos, para escribir informes secretos
que les serán entregados a la autoridad?

¿Qué información le pedirá a la inteligencia militar o policial?

¿Qué medidas de inteligencia o contrainteligencia recomendará aplicar para
detectar, neutralizar y contrarrestar a los que piense atentan contra la
seguridad del estado y la defensa nacional?

Jamás en su vida podrá revelar ninguna información respecto a los detalles
de este misterioso trabajo.

El nombre del flamante agente secreto de la ANI sería el de Rodrigo
Alejandro Calderón Salinas de profesión sociólogo, titulado en la
Universidad de Chile, quien por años se desempeñó en la sección de
Participación Ciudadana de la CONAMA y que según información de la red
trabaja también hace cinco años como consultor de Responsabilidad Social
Empresarial para empresas privadas.

Habrá coincidido seguramente en alguna reunión con el abogado ambientalista
Fernando Dougnac, miembro del Consejo Consultivo de la entidad ambiental del
gobierno y de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA). Fue uno de los
pocos que reaccionó indignado ante las revelaciones del nuevo nivel de
operaciones de inteligencia que se comenzarían a llevar a cabo contra las
ONGs ambientalistas.

"Los vicios que antes se le achacaban al gobierno militar están plenamente
vigentes, lo que es intolerable" señalaba Dougnac en una carta al Consejo
Consultivo de CONAMA, al que además pidio apoyo "para que se ponga fin a
esta campaña de hostigamiento en contra de las ONG, organizaciones que hemos
colaborado lealmente con la causa ambiental de nuestro país así como con
este Consejo".

Cabe señalar que el mismo Dougnac fue simpatizante del gobierno militar.

En la misiva Dougnac agregaba otros datos, como la presencia de personal de
investigaciones en reuniones que se habían realizado en Cobquecura y en
Puerto Aysen.

En Cobquecura, zona adonde se ha desarrollado un fuerte movimiento de
oposición a la construcción del ducto para eliminar los residuos de la nueva
planta de celulosa de Nueva Aldea, FIMA llevaba a cabo unas charlas de
"formación ambiental" para pescadores y otros ciudadanos.

"En la puerta del lugar donde se daban las charlas impúdicamente se
instalaron dos detectives que chequeaban las personas que ingresaban y
estuvieron vigilando todo lo que se dijo en esa oportunidad." señala la ONG.


En Puerto Aysen, en un incidente ocurrido hace unos tres años, a los
informantes policiales los reconocieron por causalidad

"Ingresó un detective disfrazado de pescador, con la mala suerte para él que
lo reconocimos como uno de los detectives que había investigado un robo de
computadores que habíamos sufrido unos ocho meses antes".

La vigilancia, abierta e intimidatoria, como la llevada a cabo por
Investigaciones en Cobquecura, o la de los que de civil o uniforme registran
videos y toman fotos de manifestaciones, así como la vigilancia encubierta
-por medio de agentes infiltrados o informantes- es una de las tantas
herramientas permitidas hoy a los agentes de inteligencia, cuya labor fuera
institucionalizada a través de la Ley 19.974 de septiembre del 2004,
oficialmente llamada: "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la
Agencia Nacional de Inteligencia".

La ley, que aparte de crear la ANI, regularía y coordinaría las actividades
de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las policías y del Estado Mayor,
contraviene en algunos sentidos recomendaciones explícitas del Informe
Rettig.

Además, en el Chile de hoy, país adonde se mantienen impunes la mayoría de
los asesinatos, desapariciones y torturas -incluso con algunos de los
victimarios en servicio activo- se presta para que continúen, en nombre de
la inteligencia, llevándose a cabo actos ilícitos, con la complicidad e
incluso con el desconocimiento, de las autoridades civiles.

Y el asunto podría empeorar, si se hace caso al gobierno norteamericano,
para quien la creación de la ANI no es suficiente.

Pero los movimientos sociales, concientes de sus derechos, y con la memoria
viva, prometen seguir resistiendo.

DESCONOCIENDO EL INFORME RETTIG

El Informe Rettig, aparte de documentar las masivas violaciones a los
derechos humanos ocurridas durante el regimen militar, hizo recomendaciones
con el fin de evitar que se repitiesen violaciones en el futuro. En el
capítulo adonde se detallan medidas, educacionales e institucionales, para
la "Prevencion de Violaciones a los Derechos Humanos", se menciona entre
otras propuestas, la necesidad de:

"Adoptar medidas tendientes a obtener el integro cumplimiento de los
dispuesto por al articulo 90 de la Constitución Política en el sentido de
radicar exclusivamente en Carabineros e Investigaciones las funciones de
resguardo del Orden y Seguridad Públicas, suprimiendo cualquier organismo
del Estado que pretenda cumplir estas funciones y evitando la creación de
otros que en el futuro persiguieran igual propósito".

La Constitución reformada en 2005, en su artículo 101, mantiene a
Carabineros e Investigaciones como únicos encargados del orden y la
seguridad.

Pues bien, el futuro llegó y se creó este otro organismo para resguardar el
orden y la seguridad, o sea la ANI.

Según algunos, la nueva ley 19.974 también potencialmente legalizaría la
injerencia de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden y la seguridad
publica.

Jorge Serrano, en un artículo reproducido en el sitio www.mapuexpress.net (a
propósito, en abril del 2002, fue sustraídos los discos duros de esta
agencia de noticias mapuche), algunos sectores de oposición al gobierno de
Ricardo Lagos, "aseguraron que la creación de la ANI, plantea incorporar a
las Fuerzas Armadas a las tareas de "inteligencia política", bajo
supervisión del gobierno civil" y sostuvieron además "que las labores de
inteligencia realizadas por las instituciones castrenses, y principalmente
el Ejército a través de la DINE, "no poseen ningún control civil"."

Que se diga que con la creación de la ANI se pretenda incorporar a las FFAA
a la inteligencia política, no es descabellado. Habría que aclarar quizás
que se legalizaría un ámbito en que las FFAA están actuando hace muchísimo
tiempo.

Pero la ley de la ANI pareciera dejarles abierta la puerta. De hecho según
la ley 19.974, la inteligencia militar "Comprende la inteligencia y la
contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar,
dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa
nacional."(subrayado nuestro)

La amplitud del concepto "defensa nacional" queda al arbitrio del mando de
la institución.

Dado que en general esta se refiere al accionar de extranjeros, cabe
preguntarse si las actividades de los ambientalistas, que no esconden sus
alianzas con ONGs extranjeras, ni su financiamiento por parte de ellas, ni
sus campañas en el exterior, no pudiesen fácilmente considerarse como
potencialmente afectando la defensa nacional.

No hay que olvidar tampoco que algunas fuerzas, como la Armada y Fuerza
Aérea, ejercen también funciones policiales.

"Excepcionalmente, dentro de las funciones de policía que le corresponden a
la autoridad marítima y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la aérea
podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que
recaben.", dice la ley 19974..

Baste recordar que en la zona del Lago Lleu-Lleu se ha denunciado una fuerte
presencia de personal armado de la marina.

Incluso, el ejército estaría utilizando en ocasiones las maniobras y
ejercicios militares regulares políticamente, con el fin de amedrentar y/o
recopilar información.

Estas graves irregularidades fueron denunciados hace muy poco tiempo a la
justicia, a través de un recurso de amparo interpuesto el 28 de noviembre
del 2007 en Concepción, a favor de nueve dirigentes Pehuenche, que además
habrían sido objeto de interrogatorios y amedrentamientos por parte de
Carabineros y de Investigaciones.

"Llegaron a la comuna…policías de civil quienes andaban caracterizados con
casaquillas y gorros del municipio, incluso con pelucas. Igualmente personal
de civil que se identificaba como de "inteligencia" de la Policía de
Investigaciones, vigilando las sedes de las organizaciones y las casas de
los dirigentes, todo esto entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre."

En relación a los militares el escrito que procesa la justicia penquista
alega que " …los días anteriores, cuatro camiones de las fuerzas armadas,
quienes realizan sus ejercicios en la zona, pero que extrañamente esta vez
no fueron a los lugares en que tradicionalmente los realizan, sino que
fueron al sector denominado Chanchoco, donde el Gobierno pretende instalar
una Central Geotermica, pero que es tradicionalmente utilizado como
"veranada" por las comunidades mapuches y nunca ha sido anteriormente
utilizada como lugar de ejercicios".

Se agrega además que "personal militar, fueron a las comunidades pidiendo
las frecuencias de las radios que se usan, eso significa que ellos podrían,
teniendo esta frecuencia, escuchar las comunicaciones, entendemos que para
esto se requiere autorización judicial."

El ZORRO A CARGO DEL GALLINERO

Cuando los miembros de la ONG FIMA, a la que pertenece el abogado Fernando
Dougnac, detectaron en su visita a Puerto Aysen a un detective disfrazado,
que reconocieron como el que fue a investigar un robo de computadores que
les habría afectado a comienzos del 2004, ¿qué habrán pensado? ¿Se les habrá
pasado por la cabeza que quizás algo tenía que ver con quienes se llevaron
los discos duros de sus computadores?

Es que desde el año 2002 se han sucedido una serie de robos de computadores,
que han afectado a prácticamente todos los grupos ambientalistas y también a
las organizaciones indígenas y quienes trabajan con ellos, sin que hasta
ahora se haya podido esclarecer ninguno de los casos.

Fue precisamente el año 2002, cuando se anunciaba un posible boycott de las
exportaciones de madera chilena que varios grupos ambientalistas, entre
ellos Renace, el IEP y Greenpeace, sufrieron los primeros robos de sus
computadores. ambientalistas.

Por estos dias, cuando se habla de otra posible campaña en el exterior a
raiz del proyecto hidroelectrico de Hidroaysen, se anuncia la ultima
contratación de la ANI.

¿Qué otras novedades se podrán esperar a futuro?

Con posterioridad al 2002, aumentaron los robos de discos duros, afectando
después a los grupos mapuche y defensores de sus derechos.

Hasta septiembre del año 2006 se habían sustraido los computadores de cuatro
organizaciones Mapuche. A grupos conectados con ellos, como el Instituto de
Estudos Indígenas de la Ufro y el Observatorio de Derechos de los Pueblos
Indígenas les ha sucedido no una, sino dos veces!

La racha de robos no ha parado. A fines del año pasado le sucedió de nuevo
al

Observatorio y también a la organización Identidad Lafquenche, ambas en la
ciudad de Temuco. Y hasta ahora no se resuelve ninguno de los casos, a pesar
de que la policia civil tiene su propia Brigada del Cibercrimen. Supongo
sabrán sus funcionarios de que hay programas con los que se pueden rastrear
los IP de computadores perdidos.

Cuando en junio del 2005 a Elicura Chihuailaf le robaron su pendrive y
notebook, el poeta cuenta que los detectives que fueron a investigar no
estaban muy motivados.

"Ni siguiera querían entrar a la casa" recuerda el intelectual Mapuche.

¿Podrían los servicios policiales estar tras los robos de computadores?

Legalmente, no, claro, pero cabe preguntarse que si según la nueva ley no
existe obligación de dar la identidad de informantes de inteligencia, a
nadie, incluido el poder judicial, no seria muy descabellado pensar que ex
agentes de inteligencia estuviesen haciendo sus pololitos, robando discos
duros y entregando datos difíciles y caros de monitorear por otros medios, a
cambio de un buen pago, del que no quedara rastro alguno.

¿O podrían estar detrás los servicios de inteligencia de las Fuerzas
Armadas?

Si son capaces de meterse subrepticiamente a un consulado extranjero para
fotocopiar documentos, como lo hicieran dos agentes de inteligencia del
ejercito en el consulado argentino en Punta Arenas en noviembre del 2003,
¿no serán capaces de meterse a unas modestas oficinas de ONGs o grupos
Mapuche?

Y si en 1992 funcionarios del ejercito fueron capaces de monitorear y grabar
llamadas telefónicas de políticos de todas las tendencias, incluido
Sebastián Piñera, a quien frustraron sus intenciones de ser candidato
presidencial, según algunos testimonios, del propio Presidente de la
Republica, ¿se habrán desecho de todos los sofisticados equipos y no quedará
nada de la doctrina anticomunista y de seguridad nacional presente en las
Fuerzas Armadas desde la decada del 40?

Según un reportaje publicado por la revista Que Pasa más de una década
después de los hechos, las escuchas telefónicas no habrían sido obra
independiente del capitán Fernando Diez Vidal, sino una operación ordenada
por al alto mando del ejercito y que habría funcionado en el Comando de
telecomunicaciones de Peñalolen, con una unidad de 10 suboficiales que
oficialmente pertenecían a la Cuarta Compañía de Guerra Electrónica.

Sólo una persona fue procesada y dada de baja y todo quedó como un desliz
individual. Curiosamente, el coronel Waldo Zuaritz que, según la revista Que
Pasa era quien recibía las transcripciones de las escuchas de Peñalolén,
estuvo también involucrado en los hechos de Punta Arenas del 2003. Aunque
las explicaciones diplomáticas oficiales dadas a Argentina fueron que habían
actuado dos personas "en forma independiente y sin instrucciones
superiores", se dio de baja al jefe de la unidad de inteligencia y al
comandante de la Región Militar Austral, que era nada menos que el otrora
coronel y ahora general de division Waldo Zauritz.

Según la nueva ley de la ANI las escuchas telefonicas son permitidas previo
permiso de un ministro especialmente normado para la tarea. Pero no esta
claro que se pidan estas autorizaciones cada vez que se usan estos llamados
metodos intrusitos. En los 15 mese entre diciembre de 2004 y abril del 2006,
sólo se habrían pedido dos autorizaciones.

EL ASUNTO SE PUEDE PONER PEOR

Igual que a principios de diciembre del 2007, el 17 de abril del 2006 el
diario La Tercera fue el único que informó de una noticia de inteligencia.
De hecho desde la época de la dictadura que los periodistas chilenos
comentaban la cercanía del matutino con los servicios de inteligencia.:

"FBI capacita a agentes de inteligencia para crear en Chile fuerza
antiterrorista" leía el titular de abril del 2006.

En la nota se señalaba que a la serie de "reservadas reuniones" que habrían
tenido lugar en la Escuela de Investigaciones, habrían asistido 34 agentes
que fueron capacitados por dos agentes del FBI norteamericano.

"Estamos capacitando en cómo crear una fuerza de tarea y cómo compartir
información entre las agencias…tenemos fuerzas de tarea conjuntas contra el
terrorismo, más de 100 en todo Norteamérica. No sólo incluyen al FBI, sino a
todas las agencias que forman parte del servicio público" relataba a La
Tercera el agente del FBI David Strange quien habría agregado que Chile
debería crear el nuevo organismo.

Según el diario "La iniciativa recibió un fuerte apoyo de parte de todos los
actores asistentes a la reunión" que incluyeron a Gustavo Villalobos,
director de la ANI y el Embajador de EEUU Craig Nelly.

Que los servicios de inteligencia estadounidenses, responsables de
secuestros, detenciones ilegales y torturas en diversos paises europeos y en
la base de Guantánamo sean los que capaciten a las fuerzas chilenas es
preocupante, por decir lo menos.

Para los del FBI ya no bastaria con la ANI. De hecho lo que ellos querrian,
no seria tanto el crear la fuerza antiterrorista, ya que esta ya estaria
creada (según algunos seria la ANI), sino que sus atribuciones y su
presupuesto.

En el informe anual de terrorismo por paises elaborado por el departamento
de estado para el año 2005, que fuese dado a conocer en abril del 2006, el
mismo mes de la capacitación que habría hecho el FBI en Santiago, al hablar
de la ANI, se plantea que como un problema el hecho de que esta "sólo sea un
cuerpo analítico y que dependa para la recolección de información y la parte
operativa, de las agencias policiales y de investigaciones".

Más allá del hecho de que la ANI si tiene capacidades propias para
recolectar y operar, según se deduce de la ley 19974, es curioso que se
quiera insistir en crear una fuerza separada de la policía e
investigaciones, que es precisamente lo que desaconsejaba el Informe Rettig.


En el informe del año 2006, dado a conocer el 2007, se repetía lo mismo
respecto a la ANI.

Curiosamente, el informe dado conocer el mismo mes del famoso encuentro con
el FBI, menciona que ya existiría una fuerza de reacción antiterrorista de
450 personas, pero que ésta necesitaría mayores recursos para operar con
plena eficiencia.

A VENCER EL MIEDO

Razones para desconfiar de la DINA, la CNI y sus continuadoras
institucionales, La Oficina o la ANI -llámese como se llame la agencia
secreta- parecen sobrar.

Quisieramos pensar que todo es distinto ya que estamos en democracia, y
debiera haber un control mas o menos total de la situación. Pero esto parece
estar bastante lejos de la verdad.

El mal olor que muchos habrán alcanzado a sentir cuando se anuncio la
reciente contratación de la ANI, tiene su razón de ser.

Pero a pesar de los planes de algunos potencias extranjeras, con las cuales
tenemos amplia experiencia, y de la mantención, en plena democracia, de
agencias de inteligencia que se arrogan el derecho de espiar, infiltrar y
neutralizar lo que ellos/as consideran amenazas al orden publico o la
seguridad nacional, los grupos que están siendo amedrentados, dan la cara y
siguen con sus legitimas protestas.

Es el caso de los Jóvenes Tehuelche, una red nacional de jóvenes ayseninos
residentes en distintos lugares de Chile que están movilizándose activamente
en contra de los proyectos hidroeléctricos de Aysen.

En una carta pública escrita por uno de sus miembros, Manuel Ruiz Aravena,
preguntan:

¿Qué autoridad tienen nuestros representantes del gobierno "elegidos
"democráticamente" para comenzar estas acciones de cuasi guerra y espiar a
sus electores, los ciudadanos, bajo la excusa de que somos peligrosos para
los grandes negocios y el crecimiento del país?.

Agrega la carta algo que "ojalá llegue a conocimiento de quienes pretenden
dinamitar con golpes bajos los movimientos ciudadanos. "

"Lo que las ONGs y organizaciones ciudadanas insertas en conflictos
ambientales hacen, no es, bajo ningún punto de vista (aparte del que tienen
las empresas), un atentado contra los intereses nacionales, sino todo lo
contrario, luchamos por defender la vida, desenmascarar los robos y delitos
ambientales y sociales cometidos por empresas privadas y del estado, con la
única finalidad, de lograr un país más justo, que no crezca en desmedro de
la calidad de vida de sus habitantes. Lograr en definitiva que Chile sea un
país ambientalmente sustentable y políticamente transparente."

….Señores de la ANI y del gobierno: ¡Nuestro único deseo el lograr un país
mejor!

 
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